El Estado es uno de los actores económicos más importantes debido a su poder de regulación y a la magnitud del gasto e la inversión que genera. Como consecuencia de ello, el debate sobre cómo y quién debe organizar los recursos resulta central en la definición de la política pública. Ahora bien, la respuesta a esas preguntas no es pacífica y está atravesada por profundas discusiones teóricas, técnicas y políticas. Todo lo anterior obliga a que el tema de gasto e inversión pública requiera de un análisis detenido y crítico. Uno de los frentes de esa discusión se centra en la relación conflictiva entre el gobierno central y las altas cortes, a causa de las órdenes que estas últimas dan en materia de gasto. 

Como respuesta al conflicto entre ambas instituciones, se han planteado distintas figuras jurídicas que buscan conciliar el debate. Entre ellas resalta la creación del “Incidente de impacto fiscal” que fue fruto del Acto Legislativo 03 de 2011. Dicha institución busca crear un procedimiento para los eventos en que una decisión judicial de las altas cortes implique un gasto de tal magnitud que afecte la estabilidad fiscal de mediano plazo. La pertinencia de dicho mecanismo viene dada por los constantes impases entre las autoridades ejecutivas nacionales y los altos tribunales. Ejemplo de lo anterior es el fallo de la Corte Constitucional de 2015 sobre el impuesto del IMAN o el reciente fallo, de la misma corporación, que ordena el reconocimiento de la seguridad social de las mujeres que integran el programa de madres comunitarias.  

La figura del “Incidente de impacto fiscal” no se reduce a un tema específico, sino que aplica para cualquier discusión judicial que tenga importantes efectos fiscales. De ahí que sus beneficios y riesgos son transversales. En ese sentido, el mayor riesgo se cierne sobre las decisiones judiciales que protegen derechos fundamentales y otros. Esa afirmación se sustenta en que existe un peligroso y desdeñable interés desde el ejecutivo y el legislativo en trabar las decisiones que garantizan los derechos, pero cuestionan y modifican la política pública. Como consecuencia de ello el “Incidente de impacto fiscal” puede convertirse en un medio para que se impida el goce efectivo de derechos, especialmente, con argumentos técnicos que se muestren objetivos y razonables a primera vista. 

Frente a esa amenaza existe una respuesta en el diseño institucional del “Incidente de impacto fiscal”, lo que constituye su primera ventaja. La regulación prohíbe cambiar el sentido de los fallos y también afectar los derechos fundamentales mediante los incidentes de impacto fiscal. Esa normatividad se erige como un seguro legislativo frente a intervenciones indebidas en la esfera de protección constitucional. Ahora bien, el mero desarrollo legislativo no asegura una aplicación respetuosa de los deberes de desarrollo y cumplimiento que en materia de derechos reconocen o impulsan las decisiones judiciales. Por lo tanto, la instancia judicial debe ser cautelosa a la hora de implementar un “Incidente de impacto fiscal”. En esa tarea la labor de control y regulador del juez cobra especial relevancia. 

Existe una segunda ventaja que tiene especial relevancia porque va dirigida a la problemática específica de la existencia de colisiones entre los jueces y el ordenador del gasto público. A pesar de que como se ha reconocido existe desde el poder ejecutivo y legislativo una actitud desleal a las decisiones que aseguran derechos lo importante es tender puentes de comunicación. Lo anterior se sustenta en las virtudes que ha mostrado la construcción del llamado “constitucionalismo dialógico”. Esa idea nace desde que la Corte Constitucional estableció la doctrina del Estado de Cosas Inconstitucionales en la que si bien hay una intervención agresiva del judicial en otros poderes se intenta crear una comunicación con las instituciones ejecutivas y legislativas. En ese orden, la figura del Incidente se inscribe en esa lógica en tanto que crea un canal de conversación entre las instituciones sobre el aspecto económico de la actividad judicial. Previo a la creación del mismo, el canal institucional era precario, en consecuencia, la discusión sobre el tema se mantenía trabada.  

Finalmente se debe revisar el tratamiento que la figura del “Incidente de impacto fiscal” da a la tensión entre economía y derecho. La principal virtud que aquí tiene el Acto Legislativo es que crea un criterio de especialidad. En ese sentido, el cálculo fiscal, tributario u otro queda en manos de su gestor, el ejecutivo, quien debe dar aviso al juez de las conclusiones a las que llegue. Es así como el juez tiene una responsabilidad de determinar la razonabilidad y la certeza de la argumentación del legislativo, pero este no debe realizar la tarea de planeación económica. Esa distribución de las responsabilidades resulta benéfica en la medida que blinda al juez de ser recriminado por emitir órdenes que tratan de estimar los efectos económicos y determinar cómo afrontarlo. Sin embargo, puede llegar a generar una “irresponsabilidad judicial” sobre el tema, pues trasladaría la responsabilidad a otra rama del poder público. En definitiva, queda señalado que las virtudes y pecados del “Incidente de impacto fiscal” dependen de la manera cómo los jueces lo apliquen y lo racionalicen, es decir, casuístico. 

Si se observa de manera global la figura del “Incidente de impacto fiscal”, se obtendría una importante lección. Aquella no es otra distinta de que los graves bloqueos institucionales no son insalvables, sino que requieren de mecanismos adecuados para ser tramitados. Esa reflexión se hace central si se consideran los graves choques entre las ramas del poder que existen en la actualidad. 

 Por: José Elías Turizo Vanegas 

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